La Legislatura y el Concejo por el caso Maldonado

Mientras la Fiscalía Federal de Esquel pide al Juzgado Federal la recaratulación de la causa en la que se investiga la desaparición de Santiago Andrés Maldonado como "desaparición forzada de persona", se produjeron distintos pronunciamientos.
En la Legislatura de Río Negro la comisión de Labor Parlamentaria impulsó un proyecto de comunicación en el que solicitó a los organismos del Estado Nacional que informen a la población sobre las acciones adoptadas para esclarecer el paradero de Maldonado,
En ese documento, que fue firmado por los presidentes de todas bancadas, se pidió además que se tomen las medidas institucionales necesarias para garantizar la aparición con vida del joven, determinar las circunstancias en las que sucedieron los hechos y determinar quiénes fueron los responsables de su situación.
En la fundamentación, la comisión explica que el artesano Santiago Maldonado fue visto por última vez el primero de agosto, mientras participaba junto con la comunidad mapuche de una marcha de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) en Cushamen, provincia del Chubut, luego de que la Gendarmería desalojara la convocatoria en un predio en conflicto territorial con una compañía empresarial.
Indicó que la investigación de la causa penal del Juzgado Federal de Esquel, a cargo del juez Federal Guido Otranto, se encontraba caratulada como “NN sobre averiguación de delito” y tras el pedido de la familia, la Fiscalía Federal aceptó la recaratulación de la causa penal a “desaparición forzada de persona” y se ordenó el secreto de sumario.

Georreferencia
También se recordó que desde la Fiscalía se informó que se continúa investigando el hecho en el marco de un procedimiento realizado por una Fuerza Federal, ordenando medidas de georreferencia tendientes a ubicar a Santiago y a cada uno de los vehículos utilizados en ese operativo por la fuerza federal, a determinar las circunstancias concomitantes a su desaparición como así también a la atribución de responsabilidad de las personas que pudieran ser responsables.
En la iniciativa se expresó que familiares, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos también están solicitando a las autoridades nacionales y provinciales que Santiago Maldonado sea buscado y se esclarezca el hecho de su desaparición, y que “hasta la Organización Internacional de Policía Criminal participa en los procedimientos de búsqueda para encontrar al joven que fue visto por última vez hace semanas”.

En Bariloche

En tanto los concejales de Bariloche trataron en forma conjunta las iniciativas de Juntos Somos Bariloche (JSB) y el Frente para la Victoria, y coincidieron en repudiar la desaparición y reclamar a las autoridades nacionales el esclarecimiento y aparición con vida del joven desaparecido en Cushamen.
Con la presencia de organizaciones en la sala de sesiones, los concejales se pronunciaron sobre la represión del 1° de agosto y la incertidumbre por el paradero de Santiago Maldonado. En representación del bloque FpV que preside, Ramón Chiocconi consideró: “es muy triste y preocupante lo que está ocurriendo”, comprendiendo que hubo un cambio en las políticas de seguridad: “Hoy en Argentina hay un desaparecido y todo indica que sería Gendarmería la responsable, según los testimonios. Una desaparición forzada invierte la carga de la prueba y es el Estado el que debe demostrar que no ha sido responsable”, afirmó.
El concejal dijo que es necesario “que el Estado de todas las respuestas y que Santiago vuelva a estar con su familia”. Por último, manifestó: “Me avergüenza que a 41 años del inicio de la dictadura cívico militar que dejó 30 mil detenidos desaparecidos, hoy volvamos -otra vez-, a pedir por un detenido desaparecido en democracia”.
Al expresar la postura de JSB, Cristina Painefil evaluó que el repudio a la desaparición “tiene que ser absolutamente unánime por parte de nosotros, como representantes de la ciudadanía”, y cuestionó que “por distintos tecnicismos, a Santiago el Estado Nacional no lo estaba buscando”.
Definió, además, que el bloque que integra “siempre que haya violación de los derechos humanos, va a levantar la voz a quien sea para pedir el esclarecimiento”, ya que “en el siglo XXI es imposible pensar que pueda haber una persona desaparecida y que nadie sepa nada”.