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Preocupa aumento del gas en Patagonia

La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) manifestó su preocupación por el "incremento exorbitante" de las tarifas del servicio de gas en la Zona Andina y Línea Sur de Río Negro que prestan las empresas Camuzzi y Coopetel.
jueves 24 de agosto de 2017
Preocupa aumento del gas en Patagonia

La institución se hizo eco del reclamo luego que la Defensora del Pueblo de la provincia de Río Negro, Adriana Santagati, y la Defensora del Pueblo de Bariloche, Beatriz Oñate, se comunicaran con el presidente de ADPRA, Alejandro Amor, y acordaran solicitar una audiencia en forma urgente con el ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, para que se revean los aumentos desmedidos sufridos por los ciudadanos rionegrinos y la solicitud de informes detallados a las empresas prestadoras del servicio de gas.
En este sentido Santagati informó que se comunicó con intendentes de las zonas referidas, quienes le expresaron lo indignados y sumamente preocupados que están los habitantes de sus ciudades que aseguran no van a poder pagar las cifras que figuran en sus boletas de gas, donde hay casos en que los montos superan el 600 por ciento.

Desproporción
La Defensora recordó que estos incrementos se suman a los ya producidos en el servicio de electricidad y en una zona donde el gas es fundamental para poder afrontar las temperaturas que llegan hasta los 25 grados bajo cero.
Por su parte Oñate expresó que ya son varios los usuarios que se presentaron en la sede de la Defensoría de Bariloche preocupados por los montos de las facturas que, en muchos casos, exceden el 50 por ciento de sus ingresos mensuales.
Asimismo sostuvo: “los incrementos así expuestos claramente contrastan y exceden enormemente los índices existentes inflacionarios, los incrementos salariales y los haberes jubilatorios de la mayoría de la población”, y alertó: “esta disposición tarifaria es una desproporción y su imposibilidad material de cumplimiento pecuniario vulnera palmariamente derechos constitucionales que protegen a la ciudadanía usuaria”.

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